El sistema de salud colombiano, del que tantas veces se ha escuchado que se encuentra en crisis, enfrentará en el nuevo año decisiones trascendentales de cara a su misión fundamental: velar por el bienestar de las personas.

Varias voces destacadas del sector aceptaron la invitación de EL TIEMPO para plantear, con claridad, cuáles son los retos que debe afrontar el sistema en el 2019.

El primero de ellos, y de mayor prioridad, es el de aclarar y poner en orden las cuentas, definir responsabilidades y buscar tapar el hueco para los recursos faltantes, históricos y recientes.

Ese déficit, que para el Gobierno es de unos 10 billones de pesos y para algunos sectores supera los 15 billones, necesita resolverse con urgencia para darle sostenibilidad y confianza al sistema. Para eso es clave el ‘acuerdo de punto final’, como bautizó el ministro del ramo, Juan Pablo Uribe, el plan para sanear las finanzas del sector.

Con ese acuerdo, en el que según Uribe participarán EPS, hospitales y clínicas –públicos y privados–, así como proveedores, se busca poner sobre la mesa los montos reales de deudas, glosas y pendientes a fin de definir responsabilidades y marcar hoja de ruta.

“El acuerdo busca diseñar e implementar una estrategia que inyecte liquidez al sistema a través de la identificación, valoración, acuerdo y pago de posibles deudas de los gobiernos nacional y territorial con agentes del sector, y promover el pago de deudas acumuladas entre ellos”, dijo recientemente el ministro. Para tal fin se conformó un grupo de expertos, en compañía del Ministerio de Hacienda, y una ruta para el diseño del acuerdo, que en abril próximo deberá estar estructurado en sus procesos, tiempos de implementación y proyectos normativos requeridos.

El punto clave está en definir el mecanismo para cubrir las deudas. En las obligaciones pendientes del sistema se estudia hacerlo a través de certificados de deuda pública de largo plazo.

Control y vigilancia

El 2019 también será el año en el que debute la ley que promete poner en cintura los prestadores de servicios y aseguradoras y otros actores que no cumplan con el objetivo de garantizar el bienestar de los ciudadanos. Se trata de la Ley 198, que espera sanción presidencial. De acuerdo con el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, la norma le da a la entidad los dientes que le faltaban para sancionar a quienes hagan mal uso de los recursos de la salud.

La ley faculta además a la Superintendencia para actuar con severidad frente a los casos de abuso y violación en la prestación del servicio al elevar las multas de un máximo de 2.500 salarios mínimos mensuales a 8.000 salarios mínimos para personas jurídicas y hasta 2.000 salarios mínimos mensuales para personas naturales.

Pero las sanciones no son solo económicas. La Supersalud tendrá facultades para suspender certificados de autorizaciones, ordenar cierres temporales o definitivos y remover del cargo a representes legales, revisores fiscales y gerentes de EPS.

Y además de las mayores facultades a ese organismo de control y vigilancia, Denis Silva, representante de Pacientes Colombia, considera urgente “despolitizar la Superintendencia de Salud”, una entidad que, en su opinión, “produce muchos titulares y ningún tipo de acciones”.

Silva agrega que es un reto para el 2019 eliminar las barreras administrativas con las que se enfrentan los usuarios del sistema. También es clave, insiste, que haya menos cargas económicas para los usuarios y que se consolide el proceso de convertir la salud en un derecho fundamental.

Salud pública

Los actores del sector coinciden en la necesidad de fortalecer procesos para favorecer la salud colectiva en el marco de la promoción y la prevención, sobre todo en temas como el control de vectores (mosquitos) que, ante el fenómeno del Niño, puedan aumentar la aparición de enfermedades endémicas como dengue, malaria, fiebre amarilla, y emergentes como zika y chinkunguña.

De igual forma, es urgente definir las estrategias para enfrentar la epidemia de obesidad y sobrepeso, a la par que enfermedades derivadas de estas, como hipertensión, diabetes y otros males cardiovasculares que encabezan las causas de muerte en el país. “Urge el control en la promoción y venta de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, con etiquetados claros, y otros factores de riesgo como tabaquismo, alcohol y sedentarismo”, precisa César Burgos, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.

Por otra parte, es necesario ampliar y terminar de estructurar los esquemas de atención a la población migrante, en especial a la venezolana, incluidos los cercos epidemiológicos necesarios ante riesgos de enfermedades transmisibles como el sarampión.

Lo que opinan los gremios y las sociedades científicas

La atención a los migrantes y la salud mental - Juan Pablo Uribe, ministro de Salud:

“Dentro de las prioridades del sector de la salud está el acuerdo de punto final de las deudas, su estructuración, la discusión de reformas al sistema de salud en el Congreso, la atención a los migrantes –incluyendo temas asistenciales y de salud pública–, el fortalecimiento del programa de hospitales públicos y el desarrollo de políticas de talento humano; incluso, la ley de residentes, y seguir trabajando en el mejoramiento de la salud pública, en retos de vectores por el fenómeno del Niño, seguridad vial y accidentes de motos, estilos de vida saludables y salud mental”.

Respeto a la autonomía médica en beneficio de los pacientes - Sandra Cifuentes, presidenta de la junta directiva de Afidro

“El sistema de salud tiene el reto de fortalecer el respeto por la autonomía médica en cumplimiento del mandato de la Ley Estatutaria en Salud. Esta autonomía debe darse en beneficio del acceso oportuno de los pacientes, quienes deben ser el centro de las decisiones gubernamentales. Con respecto a la sostenibilidad, respetamos la regulación de precios, que debe ser rigurosa y previsible. Apoyamos otras medidas de optimización del gasto como el ajuste oportuno y continuo del plan de beneficios alineado con las necesidades en salud, los impuestos a bienes y productos que afectan negativamente la salud, favorecer el aseguramiento privado y promover el autocuidado”.

Sanciones ejemplarizantes - Fabio Aristizábal, superintendente de Salud:

“Aplicar la ley que acaba de aprobar el Congreso y empezar a implementar sanciones ejemplari-zantes contra los actores que presten un mal servicio. Proteger el flujo de los recursos por todo el sistema sin que haya abusos. Depurar las EPS y, por encima de todo, proteger la vida y la salud de todos los colombianos”.

Calidad en la atención y dignidad de los médicos - César Burgos, presidente de las Sociedades Científicas

“Los principales retos serían, primero, el derecho a la salud de las personas como el magno propósito de todos y orientar los elementos esenciales que la ley estatutaria dispuso para ello, como calidad de la atención e idoneidad profesional. También es necesaria una cruzada por la dignidad del médico y los profesionales de la salud, porque un sistema de salud que no responde por las mínimas condiciones de respeto y trato digno, y no garantiza la protección social básica de sus profesionales, pierde legitimidad. Otro reto será darle al sistema el soporte estable de sus finanzas”.

Mejorar indicadores y mantener la cobertura -Juan Gonzalo López, presidente junta directiva de Acemi

“El primer reto es mantener la cobertura y mejorar indicadores en salud a través del mejoramiento de la calidad. El segundo es una reingeniería de lo que está excluido del plan de beneficios en salud y la amenaza que puede ser para el sistema. Debemos trabajar en la credibilidad frente a la gente, que las personas entiendan los beneficios del sistema. Y también es clave avanzar en el modelo de gestión, procurando lo que está incluido en el Modelo Integral de Atención en Salud (Mias), estructurado en la atención primaria, en la prevención y la promoción”.

Aumentos en la UPC

El Ministerio de Salud dio a conocer el viernes que la unidad de pago por capitación (UPC), que es el valor que el sistema reconoce por la salud anual de cada colombiano, aumentará un 5,31 % para el régimen contributivo y 9,40 % para el subsidiado en el 2019. El año pasado la UPC aumentó un 8,20 por ciento en ambos regímenes.

Como resultado del incremento para el 2019, la UPC del régimen contributivo pasará de 804.463 a 847.180 pesos. Además, se reconocerá una prima adicional de 10 % a 363 municipios catalogados en zonas dispersas y una de 9,86 % para 32 ciudades.
En el caso del régimen subsidiado, la UPC pasará de 719.690 en 2018 a 787.327 pesos en el 2019. Y se reconocerá una prima adicional de 11,47 por ciento para 363 municipios catalogados como zonas dispersas y una del 15 % para 32 ciudades. “El aumento busca avanzar en el compromiso por una Colombia más equitativa”, dijo el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe.

Fuente: eltiempo.com