Hace un par de semanas se generó una discusión en torno a un proyecto de Ley impulsado desde el Consejo Nacional Profesional de Economía (Conalpe), entidad encargada de regular la expedición de las tarjetas profesionales en esta disciplina.

La polémica se centró en que desde este órgano colegiado se propuso extender la obligatoriedad de este requisito profesional, el cual se solicita a los economistas para ejercer cargos públicos, a otro tipo de roles y cargos, además de un aumento en el costo de la tarjeta, una propuesta que no solo no fue bien recibida, sino que también reabrió el debate sobre el porqué de este documento.

En Colombia existen cerca de 60 profesiones reglamentadas por el Consejo Nacional de Acreditación que requieren de tarjeta profesional, un requisito que estableció la Corte Constitucional, para aquellos trabajos que, al ser ejecutados, impliquen un riesgo social. Esto, según la Corte, quiere decir que las tarjetas profesionales se circunscriben a aquellas profesiones en las que la labor a realizar tengan “repercusiones sociales que impliquen un riesgo colectivo”.

Entre estas profesiones en las que en el país se solicita la tarjeta profesional se encuentra la abogacía, la economía y la administración de empresas, algunas ciencias de la educación, los trabajadores sociales y labores de servicios como los guías de turismo, entre otros.

También hay ingenierías, como la industrial, la ingeniería química, de sistemas, civil, de transportes y vías, de petróleos, la ingeniería eléctrica, la mecánica y profesiones afines; también la ingeniería naval, los tecnólogos en electricidad, electromecánica, electrónica y afines.

Así mismo, figuran algunas profesiones relacionadas con el área de la salud como la enfermería, los laboratoristas clínicos, la odontología, la medicina y cirugía, los fisioterapeutas, la química farmacéutica, los instrumentadores quirúrgicos, los nutricionistas, bacteriólogos y microbiólogos.

Santiago Martínez Méndez, socio de Godoy Córdoba Abogados, sostiene que “es absolutamente necesario que ciertas profesiones requieran de una licencia para poder trabajar, teniendo en cuenta que su grado de especialidad, y que de no acreditar realmente, pueden ser un peligro para la sociedad”.

El jurista pone de ejemplo el caso de un médico que realmente no lo sea y opere, o un abogado que asuma llevar procesos y no tenga el título, o un incluso, un ingeniero civil que construya un puente y realmente no tenga los conocimientos para ello.

Precisamente, por ello, esta regulación recae en el país sobre ciertos órganos colegiados, gremios o asociaciones, que hacen las veces de autoridad competente para acreditar la idoneidad profesional y la formación académica requerida, mediante la presentación y evaluación del título respectivo. Entre los requisitos más comunes que solicitan estas entidades para la acreditación del profesional está un título profesional otorgado por una institución de educación superior aprobada por el Gobierno Nacional, el registro de dicho título y la matrícula profesional expedida por el Consejo Nacional de Acreditación.

Además de Conalpe, para el caso de los economistas, entre las otras de las entidades que regulan esta tarea en el país se encuentra la Organización Colegial de Enfermería, el Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic); el Consejo Superior de la Judicatura, para el caso de los abogados; la Junta Central de Contadores; el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) y el Consejo Profesional de Administración de Empresas (Cpae).

“Es muy común que se haga a través de este tipo de agremiaciones, siempre y cuando sean órganos autónomos que tengan claras unas reglas de funcionamiento, siempre será mejor que sean administrados desde el sector privado, en el sector público no siempre va a tener los recursos disponibles para poder hacerlo, y dos, se puede prestar para mayor burocracia”, explica Martínez Méndez.

Bajo esta lógica, Helen Orjuela, directora de posgrados de Economía de la Universidad Externado, cuestiona la intención que tiene el Conalpe de endurecer las reglas que reglamentan el ejercicio de la economía. “Desde Conalpe están creando un requisito que en la práctica no trae ninguna ventaja ni para quien tiene una tarjeta, ni para un empleador que contrate a alguien que la tiene”.

De acuerdo con Orjuela, en las facultades de economía del país es muy usual que haya docentes con un pregrado en otra área, pero formación de maestría o doctoral en economía, y en caso de que se amplíe esta exigencia no podrían ejercer como educadores en esta área.

Las profesiones más estudiadas son administración y contaduría
De acuerdo con el Ministerio de Educación la carrera más estudiada en el país es administración de empresas. Según la cartera educativa, en 2016, último Compendio Estadístico de Educación Superior, 111.832 estudiantes se graduaron de este pregrado, lo que equivale a 26% de los egresados del país. Tras esta se ubican contaduría (35.574 graduados) e ingeniería de sistemas y afines (22.241 egresados), ingeniería industrial (17.551 personas), economía (13.247 graduados) e ingeniería ambiental (11.923).

Fuente: .larepublica.co